sábado, 26 de marzo de 2011

De multas y libertades

Por Jerónimo Guerrero Iraola:

Resulta paradójico observar el doble discurso que algunos sectores presentan frente a ciertos temas.
El radicalismo se ha arrogado a lo largo de los últimos años, el status máximo de pureza en lo que hace al respeto por las instituciones. Todas las discusiones que se dan al interior de la arena política, se encuentran enclavadas en dicho eje.
Sin embargo, en afán de despotricar contra el actual Gobierno, se sumergen en profundas contradicciones de sentido.
Las multas impuestas por la Secretaría de Comercio a las consultoras Eco Go S.A. y Finsoport S.A. por infringir la Ley de Lealtad Comercial, resultan un claro exponente del punto que pretendo remarcar.
Embanderándose como el máximo defensor de la libertad de expresión, el Diputado Nacional Ricardo Gil Lavedra, denuncia el mecanismo de imposición de multas como un ataque por parte del oficialismo a la libertad de expresión.
He aquí la primera paradoja. La libertad de expresión resulta ser un derecho humano sumamente instrumental, pues a partir de su ejercicio, es posible promover la conquista de otros derechos fundamentales.
Independientemente de lo expuesto, y dada la importancia referida, tanto la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, en su artículo 13; como la Constitución Nacional, a partir de la recepción del mencionado tratado en el artículo 75 inciso 22, como en sus artículos 14 y 32, regulan expresamente los alcances del derecho a la libertad de expresión.
Debería saber el Sr. Gil Lavedra, que ningún derecho resulta absoluto, sino que todos se encuentran sujetos a las leyes que reglamenten su ejercicio.
Manipular las herramientas jurídicas de manera absolutamente maniquea es, entonces, una forma de vilipendiar las instituciones democráticas.
Los textos legales referidos (Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y Constitución Nacional), expresan de manera precisa que la “censura” (en esos términos ha denunciado la oposición), bajo ningún punto de vista puede resultar previa a la publicación de la información.
Asimismo, ambos textos aclaran que toda publicación de información se encuentra sujeta a responsabilidad ulterior. Es decir, en la línea de lo que Gil Lavedra expuso por ejemplo, en el programa de Magdalena Ruiz Guiñazú, toda persona (o empresa), tiene derecho a expresar lo que le de la gana, incluso si aquella expresión resulta manifiestamente falsa. Independientemente de ello, y respondiendo a la normativa que regula el derecho en cuestión, podrían caberle sanciones posteriores por los contenidos publicados.
Por otro lado, queda aún una cuestión por aclarar. No debería desconocer el bloque opositor la normativa que reglamenta el derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, podría decirse que la aplicación de la ley 22.802 (Lealtad Comercial), resulta un sinsentido tendiente a perseguir a aquellos que difundan información contraria al gobierno.
En este punto el desconocimiento o manipulación, cada quien lo encuadrará como mejor lo considere, se entronca en su faz económica. Los índices de precios al consumidor, desempeñan un rol fundamental en el mercado financiero. Las acreencias y la conformación de las llamadas “burbujas”, resultan expresiones sintomáticas de los índices en cuestión.
No debe engañar aquí el pretexto de pseudo conciencia social esbozado por parte del radicalismo, por el que se arroga la defensa de los trabajadores al decir que la publicación de los índices, incide en la capacidad de negociación de éstos.
Aquí asistimos al paroxismo de la hipocresía. En primer término, las paritarias (reabiertas durante la presidencia del Frente para la Victoria), no tienen en cuenta el IPC, sino que intervienen en estas, diversos ejes de análisis.
En otro sentido, escuchar hablar a un miembro de la UCR de la importancia de defender a los trabajadores, mientras que cada intervención de dicho partido en el Poder Ejecutivo se ha caracterizado por horadar la integridad y el valor del trabajo resulta, al menos, risueño.
Recuerdo, cual pantallazo, la hiperinflación de Raúl Alfonsín,o los desfalcos cometidos durante el gobierno de Fernando De la Rúa.
En esa línea, es posible creer en la ingenuidad altruista de los radicales, pero con la historia en la mochila, resultaría mejor mantener sus recetas lejos de las esferas en que se toman decisiones.
De esta manera, quedarían desestimados los argumentos expuestos por el Sr. Gil Lavedra (como uno de los tantos exponentes de la oposición).
En atención a la “censura”, la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y la Constitución Nacional, resultan más que claras a la hora de delimitarla. En tal sentido, no existiría en las multas impuestas por la Secretaría de Comercio Interior, visos de prácticas autoritarias. Máxime si consideramos que la Secretaría requirió a las consultoras (en forma previa a la imposición de las multas) que remitieran a dicho órgano los procedimientos por los que habían calculado los índices.
En torno a lo de la Ley de Lealtad Comercial, su artículo 9º resulta absolutamente aplicable, pues la difusión de los índices, repercute de manera directa en las esferas de comercialización, permitiendo la inducción a “error, engaño o confusión” por parte de los consumidores.
Sería bueno, entonces, que aquellos que se arrogan la defensa irrestricta de las instituciones democráticas, comenzaran por no manipular las herramientas jurídicas en pos de la satisfacción de intereses electorales. La defensa de la Constitución y los Derechos Humanos debe ser comprendida en sentido lato, y no sujeta a interpretaciones mezquinas bajo falsas posturas de garantes democráticos.

Dr. Jerónimo Guerrero Iraola

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